A 163 años de la Restauración de la República, un grupo de militares y combatientes constitucionalistas de abril de 1965 planteó la necesidad de que dentro de los partidos y movimientos políticos exista una “cuarta fuerza constitucional y electoral” que funcione como contrapeso frente a los intereses económicos y coloque el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el centro de la actividad política.
El planteamiento parte de una crítica directa a la forma en
que, a su juicio, se desarrolla la competencia por el poder: que el dinero
termine imponiéndose sobre los principios, los valores cívicos y el
conocimiento sobre el funcionamiento del Estado.
Los constitucionalistas sostienen que esa dinámica abre
espacio a mayores niveles de corrupción e impunidad y termina profundizando
problemas como la desigualdad, la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
La propuesta no consiste en crear necesariamente un nuevo
partido político. Lo que plantean es que esa “cuarta fuerza” opere dentro de
cada partido o movimiento, como un eje transversal encargado de promover la
formación constitucional y política de dirigentes, candidatos y electores.
La idea es que quienes aspiren a ocupar una función pública
conozcan las responsabilidades que asumirán y que quienes votan entiendan
también el alcance de su decisión, particularmente la responsabilidad de elegir
representantes que deberán fiscalizar el patrimonio, los ingresos, los gastos y
el uso de los fondos públicos.
Los constitucionalistas citaron en ese sentido el artículo
243 de la Constitución, relativo a los principios de la gestión pública, y el
artículo 216, numeral 3, que establece como uno de los fines esenciales de los
partidos políticos contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo
integral de la sociedad.
“Puede haber
crecimiento, pero no desarrollo integral”
El licenciado Andrés Fortunato Victoria sostuvo que
República Dominicana puede continuar registrando crecimiento económico, pero
que esto no necesariamente se traducirá en desarrollo integral mientras no
exista una formación política que prepare a quienes participan en la dirección
del Estado.
Fortunato planteó que esa educación debe comenzar desde las
estructuras más básicas de las organizaciones políticas y alcanzar a sus
principales dirigentes, bajo la premisa de que el acceso al poder debe estar
orientado al interés nacional y al bienestar colectivo, y no al enriquecimiento
particular.
La preocupación expresada por los constitucionalistas
alcanza también al financiamiento y a la competencia electoral. Su
planteamiento es que ningún partido ni proceso electoral debería estar
determinado por la capacidad económica de quienes participan, sino por sus principios,
valores, preparación y compromiso con el país.
Desde esa perspectiva, consideran que la educación
constitucional debería convertirse en una herramienta para que tanto candidatos
como electores conozcan las obligaciones que implica ejercer o delegar una
función pública.
Para los participantes, ese sería también el sentido que
debería tener la conmemoración de la Restauración: más que recordar la lucha de
quienes defendieron la soberanía nacional, utilizar esa fecha para cuestionar
qué tipo de Estado se está construyendo y qué formación reciben quienes aspiran
a dirigirlo.
Los constitucionalistas concluyeron que el homenaje a los
restauradores y a quienes han defendido la institucionalidad democrática pasa
por educar políticamente a la ciudadanía y fortalecer el conocimiento de la
Constitución como mecanismo para limitar los abusos de poder y exigir
responsabilidades a quienes administran el Estado.
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