La posición fue expuesta este miércoles por Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la FP.
Santo Domingo.- La Fuerza del Pueblo (FP) propuso este miércoles reformar la legislación dominicana para establecer penas de hasta 30 años de prisión por el contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra hacia Haití, ante los casos de tráfico ilícito que, según la organización, ponen en riesgo la seguridad nacional.
Orlando Espinosa, titular
de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la FP, consideró que las
sanciones previstas en la legislación vigente deben revisarse para responder a
las modalidades del crimen organizado, que utiliza los mecanismos del comercio
internacional para introducir armamento de manera ilegal.
El dirigente señaló en un
comunicado que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez
años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras
que la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece
condenas de hasta 30 años para delitos específicos vinculados al desvío de
pertrechos oficiales.
LLAMA CONGRESO TOMAR
MEDIDAS LEGISLATIVAS
Espinosa afirmó que el
Congreso Nacional debe armonizar ambas legislaciones para evitar que el tráfico
de armas y municiones reciba sanciones menos severas cuando se realiza mediante
operaciones aduaneras.
Como ejemplo, citó
informes del Panel de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití que, según
explicó, documentan la incautación en el puerto de Haina de un contenedor
procedente de Miami, declarado como transporte de ajuares del hogar, en cuyo
interior fueron hallados 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego.
También mencionó el caso
de un segundo teniente del Ejército dominicano detenido junto a un ciudadano
haitiano cuando transportaban 1,516 cartuchos en una motocicleta por la
provincia de San Juan.
El dirigente recordó,
además, que informes de Naciones Unidas han documentado la presencia de
municiones con las siglas del Ejército de República Dominicana (ERD) en poder
de organizaciones criminales haitianas, entre ellas la banda 400 Mawozo.
INVESTIGAR QUIENES FINANCIARON LAS ACCIONES
Ante estos hechos,
sostuvo que las investigaciones deben abarcar no solo a quienes transportan las
mercancías ilícitas, sino también a los organizadores, financiadores y
beneficiarios de las operaciones, así como a los funcionarios cuya
participación pueda ser demostrada.
Entre las medidas
propuestas por la FP figuran el endurecimiento de las penas por reincidencia,
la inhabilitación para realizar operaciones de comercio exterior y la
incautación definitiva de los bienes utilizados por las redes de contrabando.
Espinosa también
cuestionó la aparición de municiones de origen militar dominicano en manos de
bandas haitianas y reclamó explicaciones a las autoridades sobre las medidas
adoptadas para impedir que los puertos, las aduanas y las plataformas
logísticas del país sean utilizados para el tráfico ilegal de armamento.
La organización opositora
ha reclamado anteriormente una mayor fiscalización del tránsito internacional
de mercancías y medidas contra el desempaque ilegal y el desvío de cargas en
territorio dominicano.
Espinosa insistió en que
el combate a estas redes requiere controles aduaneros efectivos,
investigaciones judiciales, cooperación internacional y una legislación que
establezca sanciones acordes con la gravedad de los delitos.
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