A los 16 años: ¿qué le debe una sociedad a sus hijos?
La muerte de dos adolescentes en Mendoza nos obliga a reflexionar sobre la prevención de la violencia, la responsabilidad de las instituciones y el compromiso colectivo con la vida.
Por Dhariana Mateo
Hay preguntas que una sociedad no debería hacerse solamente después de una tragedia. Debería planteárselas mucho antes, cuando todavía hay tiempo para prevenirla, acompañar a un adolescente y cambiar el rumbo de una historia.
La muerte de Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, dos adolescentes de 16 años fallecidos durante una intervención policial en Mendoza, Santo Domingo Este, nos enfrenta a una de esas preguntas. Mientras la Policía ha señalado que los jóvenes eran buscados por presuntos hechos delictivos, sus familiares cuestionan la versión oficial y reclaman que se esclarezcan las circunstancias de sus muertes.
No corresponde a esta columna determinar responsabilidades penales. Esa tarea compete a las autoridades judiciales mediante una investigación rigurosa, sustentada en evidencias y desarrollada conforme a la ley. Sin embargo, sí nos corresponde reflexionar sobre lo que este caso representa para una sociedad que tiene la obligación de proteger la vida, garantizar la justicia y ofrecer a sus adolescentes oportunidades reales de desarrollo.
¿Qué le debe una sociedad a un joven de 16 años?
Le debe protección, educación, orientación y la posibilidad de responder ante la justicia con las garantías que establece la ley. También le debe límites, responsabilidad y consecuencias cuando sus acciones perjudican a otros. Proteger a los adolescentes no significa justificar conductas delictivas ni ignorar el sufrimiento de las víctimas de la delincuencia. Significa comprender que la justicia no puede sustituirse por el castigo arbitrario y que ninguna acusación elimina la obligación de respetar la vida humana.
Como educadora, considero necesario mirar más allá del hecho que hoy conmueve a una comunidad. La educación no comienza ni termina en el aula. La formación de un adolescente es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en su conjunto.
No basta con exigirles a nuestros jóvenes que tomen buenas decisiones si no examinamos también los entornos en los que crecen, los referentes que encuentran, las oportunidades a las que pueden acceder y la atención que reciben cuando necesitan orientación. Esto no significa atribuir lo sucedido en Mendoza a una causa que desconocemos. Significa reconocer que la prevención de la violencia juvenil exige una mirada más amplia que la reacción ante sus consecuencias.
Necesitamos familias acompañadas, escuelas con capacidad de orientar, comunidades que no normalicen la violencia y políticas públicas que conecten la educación con la cultura, el deporte, la formación técnica y las oportunidades de desarrollo. También necesitamos mecanismos eficaces para identificar situaciones de riesgo y actuar a tiempo, sin estigmatizar a los jóvenes por su procedencia o por el lugar donde viven.
Pero hay otra responsabilidad que no podemos eludir: la de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y administrar justicia.
Una sociedad necesita una Policía capaz de proteger a sus ciudadanos y actuar frente al delito. Esa autoridad, sin embargo, debe ejercerse dentro de la ley, con respeto a la dignidad humana y bajo mecanismos efectivos de supervisión. Investigar posibles irregularidades no debilita a las instituciones; contribuye a que merezcan la confianza de la ciudadanía.
Las circunstancias de las muertes de los adolescentes de Mendoza deben esclarecerse. La sociedad necesita respuestas fundamentadas, investigaciones transparentes dentro de los límites legales y la determinación de las responsabilidades que correspondan. La gravedad de las acusaciones contra una persona no sustituye la investigación, pero tampoco puede convertirse en una razón para ignorar los reclamos de una familia.
Mientras discutimos si aquellos adolescentes eran buenos o malos, corremos el riesgo de perder de vista una cuestión esencial: incluso cuando un joven comete una infracción, el Estado conserva la obligación de actuar conforme a la ley. La protección de los derechos no es un premio reservado a quienes consideramos ejemplares; es una condición fundamental de una sociedad democrática.
La pregunta, entonces, no es únicamente qué hicieron dos adolescentes ni cómo terminó aquella mañana en Mendoza. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo, como familias, educadores, ciudadanos e instituciones, para prevenir la violencia, orientar a nuestros jóvenes y garantizar que la justicia no dependa de las etiquetas que se les atribuyan.
No podemos cambiar lo ocurrido. Sí podemos exigir que se esclarezca y aprender de las preguntas que deja abiertas.
Porque educar es mucho más que transmitir conocimientos: es formar para la convivencia, enseñar a reconocer límites, promover la responsabilidad y contribuir a una sociedad donde la vida y la dignidad humana sean respetadas.
A los 16 años, un adolescente todavía necesita orientación, límites y oportunidades. La sociedad tiene el deber de ofrecerlos. Y cuando corresponde intervenir ante una conducta delictiva, también tiene el deber de hacerlo con justicia.
Una sociedad no demuestra su fortaleza únicamente por su capacidad de combatir el delito, sino también por su capacidad de prevenirlo, investigar sin privilegios y proteger la vida sin excepciones arbitrarias.
Esa es una conversación que no podemos seguir posponiendo.
Más allá del aula es una columna fija de opinión y análisis.
Escrita por Dhariana Mateo.
Su temática central está orientada en la Educación, Sociedad, Infancia, Familia y Ciudadanía.
Su enfoque es reflexivo, crítico, humano y propositivo.
0 Comentarios