Santo Domingo.- El expresidente dominicano Leonel Fernández denunció hoy que unos 20 mil millones de dólares en proyectos inmobiliarios y turísticos permanecen paralizados desde hace cinco años por falta de permisos de construcción.
Durante un encuentro con representantes de
los sectores productivos de la provincia La Altagracia, el presidente del
partido Fuerza del Pueblo (FP) consideró que las demoras administrativas
afectan la generación de empleos, la actividad constructiva y el crecimiento
económico, particularmente en destinos turísticos como Punta Cana.
Como alternativa, planteó establecer
mediante una normativa plazos específicos para que las instituciones
responsables, entre ellas los ministerios de Turismo y Medio Ambiente, emitan
sus decisiones.
Si transcurrido ese período no existe una
respuesta oficial, propuso aplicar el principio del silencio administrativo
positivo, de manera que la falta de pronunciamiento equivalga a una
autorización.
SEÑALA CONTROVERSIA EN LA APLICACION
Fernández mencionó períodos de cuatro
meses, cinco meses o hasta un año para resolver las solicitudes y señaló que
las controversias derivadas de la aplicación de ese mecanismo podrían dirimirse
ante el Tribunal Superior Administrativo.
El exmandatario aclaró que la agilización
de los procedimientos debe acompañarse de evaluaciones ambientales y garantías
para proteger las áreas protegidas y los terrenos destinados a la producción
agrícola y ganadera.
También atribuyó a la burocracia y la falta
de respuestas oportunas parte de las dificultades que enfrenta el sector
construcción, cuya actividad, según indicó, se contrajo un 1,8 por ciento el
pasado año.
ADVIERTE DEMORAS ADMINISRATIVAS
El dirigente político advirtió que las
demoras administrativas pueden propiciar prácticas irregulares y presiones
sobre los inversionistas. A su juicio, la falta de respuesta durante años
evidencia problemas de ineficiencia o corrupción, de acuerdo con la Secretaría
de Comunicaciones de la FP.
En el encuentro, criticó asimismo la
distribución del gasto estatal y el endeudamiento público, al señalar que de
cada 100 pesos destinados por el Gobierno, 90 se utilizan en gastos corrientes
y apenas 10 en inversión de capital.
Consideró que la política económica debe
priorizar la inversión productiva, la creación de empleos y el fortalecimiento
de la producción nacional. También cuestionó las importaciones que, según
sostuvo, afectan la competitividad de los productores dominicanos.
Representantes empresariales y
profesionales de La Altagracia expusieron ante Fernández problemas relacionados
con los permisos de construcción, la seguridad ciudadana, la competitividad y
las deficiencias de los servicios básicos.
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