La investigación de la Junta detectó duplicidad de registros de nacimiento y falsedad de datos
Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) dispuso la cancelación por falsedad de datos de la cédula de identidad y electoral de Berta Mabel Soto Trinidad, vinculada a la presentación de un cuestionado certificado que fue utilizado como prueba en el proceso judicial en el que César Miguel Trinidad fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de un millón de pesos.
La decisión está contenida en un informe de
investigación remitido el 26 de julio de 2026 a la miembro titular de la JCE,
Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, en su condición de coordinadora de la
Comisión de Cancelados e Inhabilitados.
En el documento, al que tuvo acceso este
medio, la comisión instruye a la Dirección Nacional de Registro Electoral a
cancelar por falsedad de datos la cédula número 223-0002048-8, a nombre de
Berta Mabel Soto Trinidad.
La medida se sustenta en una investigación
sobre el registro de nacimiento de la mujer, asentado en el Acta número 2999,
Folio 199, Libro 1503, correspondiente a la Oficialía del Estado Civil de la
Tercera Circunscripción del Distrito Nacional, en el que figura como padre una
persona que, según el informe, no sería su progenitor biológico, sino su
padrastro.
El documento de la JCE señala que la
persona registrada como padre no corresponde al padre biológico de Soto
Trinidad, situación que sirvió de fundamento para recomendar la cancelación de
su documento de identidad por falsedad de datos.
La investigación, realizada por la
inspectora Carmen Rosa González, también determinó que la mujer tenía una
duplicidad de registros de nacimiento y otro número de cédula de identidad y
electoral.
En uno de esos registros, correspondiente a
la Oficialía del Estado Civil de la Primera Circunscripción de Samaná, su
nombre aparece escrito como Bertha Trinidad, con una letra «h» intercalada. En
esa acta figura como padre Joaquín Soto Ubiera, quien, según el informe, era su
padrastro y convivía con su madre, Maribel Trinidad.
El documento también señala que Soto Ubiera
falleció y que la mujer habría estado transfiriéndose bienes sin tener derecho
sobre ellos.
La controversia adquiere relevancia por su
relación con el proceso judicial contra César Miguel Trinidad, quien fue
condenado a 20 años de prisión por alegados abusos sexuales. La mujer habría
presentado ante los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal
del Distrito Judicial de Santo Domingo una certificación médico legal que,
según la defensa, contiene datos y una firma falsificados.
De acuerdo con la información suministrada
por los abogados, el documento fue presentado el 13 de mayo de 2026 ante los
jueces que conocieron el proceso. La certificación cuestionada habría sido
elaborada el 7 de abril de ese mismo año, a las 10:35 de la noche.
La defensa sostiene que la cancelación de
la cédula y las irregularidades detectadas en los registros de nacimiento
constituyen elementos relevantes para cuestionar la identidad y las actuaciones
de quien presentó la documentación utilizada en el proceso penal.
La mujer habría denunciado que fue víctima
de una violación cuando tenía 17 años, pero la querella fue presentada cuando
tenía 41, según los datos expuestos en el documento suministrado.
La apelación de la condena contra César
Miguel Trinidad está pautada para el 23 de noviembre, ante la Tercera Sala de
la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo.
Piden a la Corte citar a médico legista
En el marco del recurso de apelación, los
abogados Manuel García y Abrincole García solicitaron a los jueces de la
Tercera Sala de la Corte de Apelación que citen a la médico ginecóloga legista
Gladys Guzmán, con el propósito de que explique las circunstancias en que se
elaboraban y emitían los informes médico-legales y permita comprobar la
autenticidad del documento utilizado en el proceso.
Los juristas sostienen que el certificado
médico legal presentado como prueba ante el Segundo Tribunal Colegiado es falso
y que fue utilizado para fundamentar la condena de 20 años de prisión contra
César Miguel Trinidad por los alegados abusos sexuales.
Según los abogados, la doctora Guzmán,
quien se desempeñaba como encargada del Programa de Apoyo a la Investigación y
Verificación de Denuncias de Abuso Sexual a Menores de Edad, ha asegurado que
la firma que aparece en el documento no es la suya y que tampoco corresponde a
la rúbrica que acostumbra utilizar en documentos públicos y privados.
La defensa argumenta, además, que los
informes médico-legales emitidos por esa dependencia no tenían las
características del documento cuestionado, debido a que eran remitidos mediante
un número de oficio.
Otro de los aspectos señalados por los
abogados es que el informe habría incumplido los protocolos de protección de
identidad de menores de edad. Explicaron que, en la documentación de esa
naturaleza, no se colocaba el nombre completo de la víctima, sino sus
iniciales, para evitar su identificación en situaciones que pudieran
representar un peligro, conforme a las disposiciones de protección contempladas
en el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de
Niños, Niñas y Adolescentes.
La defensa también cuestiona la remisión
del supuesto informe médico legal, que habría sido dirigido al entonces fiscal
del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, el 25 de julio de 2022.
De acuerdo con los abogados, el documento
habría sido suministrado al tribunal por Berta Mabel Soto Trinidad, en calidad
de querellante, durante el proceso celebrado en 2024, presuntamente con el
propósito de apropiarse de bienes de César Miguel Trinidad y de sus familiares,
incluida su madre.
Los representantes legales consideran que
la declaración de la médico legista y la revisión de los protocolos
institucionales permitirían establecer si el certificado fue realmente emitido
por la dependencia correspondiente y si la firma que contiene pertenece a la
profesional señalada.
La defensa procura que esos elementos sean
ponderados por los jueces de la Corte de Apelación al conocer el recurso contra
la sentencia que impuso los 20 años de prisión y la indemnización de un millón
de pesos.
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